Crisis institucional

Por Mario Luis ALTUZAR SUÁREZ

Ciudad de México, 6 de mar.- Política ficción, repitió públicamente tres veces. Su vigencia en la realidad, empero, representa un riesgo al país. La ficción de un acuerdo entre el PAN y el PRI anti alianzas en el Estado de México, convocado por la Secretaría de Gobernación, incide en la amarga realidad económica y confirma la autocracia.
Así, de lo anecdótico se trasciende al efecto devastador sobre el presente y futuro de la vida institucional de México. Un clima altamente peligroso por el ambiente de creciente violencia atribuida al crimen organizado con la sospechosa incapacidad oficial para frenarla, con desempleo descontrolado y hambre en la tercera parte de la población.
Los hechos son claros. En la madrugada del 21 de octubre de 2009 se aprobó en la Cámara de Diputados el paquete fiscal para 2010 que factura a los mexicanos con nuevos impuestos y alza los existentes para salvaguardar los intereses de las transnacionales asociadas con la pequeña oligarquía mexicana.
Se hablaba de la presión de “algunos” gobernadores para que los legisladores aprobaran la propuesta, que después se supo, fue de la Secretaría de Hacienda en reunión con el mexiquense salinista Francisco Rojas Gutiérrez y operador no tan discreto de la precandidatura presidencial de su paisano Enrique Peña Nieto.
Curiosamente, entre el 28 de octubre y 4 de noviembre, convoca el operador electoral en funciones de secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont Urueta, los presidentes nacionales del PAN, César Nava Vázquez y del PRI, Beatriz Elena Paredes Rangel, y el secretario de gobierno mexiquense Luis Enrique Miranda Nava.
El objetivo de esa extraña cumbre en el Palacio de Bucareli, fue la firma de un “acuerdo confidencial” entre los dos principales fuerzas políticas, para no aliarse con otros partidos en las elecciones de gobernador del Estado de México en 2011, a cambio del compromiso priísta de aprobar en la Cámara de Senadores el paquete fiscal 2010.
Una acción “injerencista” en la vida autónoma, soberana e independiente de uno de los tres Poderes en que se divide constitucionalmente el gobierno de la República; en las primarias adelantadas en el PRI a favor del candidato y proyecto de Televisa y del Grupo Atlacomulco con la bendición del alto clero político y, finalmente, en la institucionalidad de la autoridad electoral.
El Artículo 49 constitucional manda: El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Precisa: No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.
Y con base en el Artículo 50: El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso general, que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores. En donde, el Artículo 72 ordena: Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas. Así se aprobaría el paquete fiscal.
Con el aval logrado por los priístas mexiquenses en la Cámara de Diputados quedaba la duda del futuro en la Cámara de Senadores, en donde el acuerdo signado, dice, como “testigo de honor” por el secretario de Gobernación, es violatorio al precepto constitucional y de injerencia autocrática en el Poder Legislativo.
Sin descontar la violación constitucional e materia electoral y la usurpación de funciones del secretario de Gobernación, al “acordar” asuntos que deberían ser promovidos y atestiguados por el Instituto Federal Electoral.
Aunque constitucionalmente los partidos políticos son de interés público, está facultado jurídicamente, únicamente, el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial para intervenir en la vida interna de las instituciones partidistas lo que legalmente excluye al secretario de Gobernación.
Es difícil, entonces, ajustar los preceptos constitucionales a la perspectiva del experto electoral egresado de la Escuela Libre de Derecho, Fernando Gómez Mont Urueta, sobre su participación como “testigo de honor” en su despacho, de un acuerdo secreto entre el PAN y el PRI.
Además de las graves implicaciones futuristas. El otro protagonista, desde el 6 de abril de 2009, secretario de gobierno mexiquense Luis Enrique Miranda Nava, estuvo 5 años en la administración de Arturo Montiel Rojas, es amigo personal del actual gobernador Enrique Peña Nieto y negociador con la empresa Protego, de Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.
Un elemento que, si bien es cierto que el mandatario mexiquense insiste públicamente en que será en 2011 cuando decida si participa en las primarias presidenciales del PRI, también es cierto el posicionamiento millonario en los medios electrónicos y giras internacionales, con las constantes visitas del administrador nacional, Felipe Calderón, con la inauguración de obras y empresas transnacionales, que le ubican ya, como candidato.
Y el “acuerdo secreto” centró su objetivo en evitar las alianzas político electorales del PAN en las elecciones a gobernador del Estado de México, en donde el sucesor podría apuntalar las aspiraciones presidenciales del sobrino de Arturo Montiel Rojas.
La moneda de cambio fue la “miscelánea fiscal” con aumento del 28 al 30% en el ISR, de un punto en el IVA, autorizar los aumentos mensuales en los energéticos que disparan el encarecimiento de los productos alimenticios, mantener el anticonstitucional IETU que factura a micro, pequeños y medianos empresarios los créditos fiscales a las transnacionales asociadas con la oligarquía nacional por 500 mil millones de pesos.
Así, la política ficción se materializa en la profundización de la miseria sumándose 10 millones de mexicanos a los 15 millones militantes del hambre, desempleo superior a los 3 millones de los 54 millones de la población económicamente activa en medio del crecimiento de la violencia con más de 15 mil ejecutados.
Se tiene que la crisis económica, convertida en crisis social, trascendió a la crisis política que amenaza con generar la peligrosa crisis institucional, en donde se observa al administrador Calderón Hinojosa, despedirse en cada acto público: “yo quisiera ser recordado…”
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